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Con una votación 6 – 3, la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la inyección de 3 billones 250 mil millones de pesos al presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y al presupuesto de Gastos del Presupuesto General de la Nación, en medio de la crisis económica y sanitaria por el coronavirus (COVID-19).
El decreto presidencial que aprobó la inyección de la millonaria suma de dinero es el 522 del 6 de abril del 2020, en el que se establece que a raíz de la crisis por la pandemia, se hace necesario tomar medidas excepcionales para garantizar el derecho al mínimo vital de todos las personas.
Sin embargo, la Corte en su decisión tumbo tres artículos del decreto porque podrían tener irregularidades, ya que son iguales a los dos primeros artículos que aprueban los recursos.
La Corte explicó que “los artículos 3, 4 y 5 que decretan la liquidación de tales adiciones presupuestales no satisfacen el juicio de necesidad, toda vez que el Gobierno Nacional podía, “en ejercicio de funciones administrativas”, liquidar la referida adición presupuestal, en los términos del artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto”.
El decreto hace énfasis en que la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la pandemia traerá repercusiones en las personas sobre todo en el tema del desempleo, “la cantidad empleo (tanto en materia como subempleo); 2) la del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos vulnerables frente a consecuencias adversas en el mercado laboral”.
Esa alerta que se cita en el decreto advierte el aumento del PIB a escala mundial, “casos hipotéticos sobre efectos del Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial [ ... ], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila 5,3 millones (caso "más favorable") y 24,7 millones de personas (caso desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de en 2019”.
