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Una indagación previa contra funcionarios de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, ordenó la Procuraduría General de la Nación con el fin de establecer las presuntas irregularidades en el pago de cesantías que se vendrían haciendo y que fue denunciada por la actual administración de la entidad.
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Se validará si personas que recibieron el beneficio ya superaron la edad de pensión.
"Cerca de 30 trabajadores sindicalizados habrían recibido aportes en las vigencias 2022 y 2023 por sumas que van desde los $ 78 millones y que llegarían hasta los $ 300 millones", dice el comunicado emitido desde la Provincial de Instrucción de Cali .
La Procuraduría General anunció que se validará la edad de los beneficiarios de los pagos, porque las denuncias que además se han hecho públicas en las últimas semanas a través de los medios de comunicación, varias ya superarían la edad de pensión.
En esta etapa procesal, el Ministerio Público informó que "buscará determinar la identidad de los presuntos responsables y ya ordenó tomar las pruebas que le permitan establecer a los investigadores, la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, confirmar si constituyen una falta disciplinaria o si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad".
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Previamente y a raíz de los informes de prensa que motivan la indagación, Emcali rechazó las conductas ilegales y violatorias al derecho de ‘habeas data’, que ponen en riesgo la integridad de sus colaboradores, mientras que el Sindicato Sintraemcali se ha declarado en asamblea permanente, negando que sean los trabajadores los responsables de la situación que vive la empresa.
