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La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para verificar un posible detrimento patrimonial en un contrato de consultoría que adelantó la firma de la politóloga Natalia Springer con la Fiduciaria Bogotá, en un programa de viviendas gratuitas.
Según el ente de control, se trata de dos hallazgos con presunta incidencia fiscal por 419,8 millones de pesos, a los cuales se suma un hallazgo penal relacionado con una posible violación de derechos de autor.
Adicionalmente, el organismo de control determinó dos hallazgos con presunta relevancia disciplinaria, uno de los cuales corresponde a las debilidades del proceso de supervisión de este contrato por parte del supervisor designado por el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda.
La Contraloría consideró que, independiente de estos hallazgos, el contrato objeto de esta auditoría, que tenía un valor de $1.339 millones, cumplió el propósito de diseñar estrategias tendientes a superar problemáticas propias de la población vulnerable del Programa de Vivienda Gratuita y se definieron instrumentos de política pública que consideran el componente social de los programa de vivienda del Gobierno nacional.
Según establecieron los auditores, “todo se limita a presentar unos totales, más no se observa información alguna que coadyuve a la realización de las tareas para seguimiento, monitoreo y control a todo nivel del fortalecimiento del proyecto Fénix como lo establece el contrato”.
En cuanto a los reportes, éstos no tienen encabezados que aclaren el tipo de información contenida, no presentan fechas de corte, ni quién lo genera, y en general no tiene información básica que permita identificar adecuadamente cada uno.
Además, en el reporte de proyectos por departamento la Contraloría observó que la información que aparece en pantalla no es igual a que a la se ve al momento de exportar la misma a un archivo de excel.
