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La concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, instauró una tutela ante un juez de la ciudad en contra de los miembros del Comité Nacional del Paro con el fin que se proteja a todos aquellas personas que están viendo vulnerados sus derechos debido a los bloqueos realizados en medio de las protestas que se iniciaron desde el pasado 28 de abril en el país.
Para la cabildante, los hechos violentos que se han presentado en el marco de las protestas “afectan a la gran mayoría de ciudadanos que no han encontrado protección a sus derechos fundamentales amenazados por cuenta de las manifestaciones que acuden a las vías de hecho, que exceden lo que involucra el derecho legítimo a la protesta y que ponen en grave riesgo, bajo amenaza, los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, entre otros”.
De acuerdo con la tutela es necesario buscar acciones que mitiguen las afectaciones que generan los bloqueos que llevan más de 20 días en diferentes zonas de la ciudad y con el interés de garantizar los derechos de quienes deciden no protestar en las calles.
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En la acción de tutela, la concejal del partido Alianza Verde expone que, entre otras afectaciones, "los bloqueos en vías principales que han impedido el paso de ciudadanos a sus trabajos, a citas médicas, e inclusive personal médico que no ha podido llegar a cumplir sus turnos en medio de la pandemia; la detención de ambulancias, algunas con pacientes a bordo; de vehículos de suministro de oxígeno medicinal, medicamentos o insumos, y de camiones con alimentos perecederos".
La concejal también argumentó que estos excesos, escudados en el derecho a la protesta, han puesto en grave riesgo a la ciudadanía; es necesario que los diferentes líderes, agremiaciones y manifestantes en general, que convocan las marchas, promuevan el respeto al libre tránsito.
"Por ello, se requiere de manera urgente que se le ordene a los integrantes del comité del paro y a las diferentes organizaciones ciudadanas, que en medio de su derecho a manifestarse, no impidan la movilidad relacionada con cualquier derecho fundamental”, indicó.
De igual forma, sostuvo que en ningún caso se pretende que el juez afecte el derecho a la protesta, pero se requiere establecer un marco mínimo y unas exigencias para que cualquiera de nosotros, incluidos los promotores del paro, no terminen con alguna afectación a su vida o salud, porque una ambulancia no logre atender una emergencia de salud por enfermedad, accidentes o cualquier origen.
La tutela hace énfasis en la urgencia para “que se ordene a los accionados a que de manera inmediata realicen comunicados públicos y privados dirigidos a los manifestantes y demás participantes directos e indirectos de las protestas, en los cuales se exija el libre tránsito de personal médico, vehículos de transporte de insumos médicos, ambulancias, transporte de alimentos y destinados a bienes y servicios esenciales".
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Igualmente, la tutela busca que los líderes del Comité del Paro, promuevan ante la Alcaldía de Bogotá un diálogo enfocado exclusivamente a acordar unas reglas mínimas de las protestas que tienen lugar en la capital del país, en las que se establezca el libre tránsito y movilidad.
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