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Un juez falló a favor de 54 personas privadas de la libertad que se encuentran recluidos en el comando de la Policía del municipio de Tumaco (Nariño) y que no estaban recibiendo alimentación.
Los internos pidieron que se protegieran sus derechos al no tener acceso a alimentación en medio del encierro en el que permanecen de manera preventiva.
El funcionario judicial ordenó que en máximo 48 horas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Justicia deberán explicar porqué no se les estaban garantizando la alimentación a los reclusos.
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En el fallo se le ordenó a la Alcaldía de Tumaco suministrar los alimentos a los reclusos de manera provisional. Igualmente, se le llamó la atención a las entidades a cargo de la protección de los reclusos para que comprendan que pese a los delitos cometidos son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad.
"Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho a la alimentación de las personas privadas de la libertad hace parte de uno de los mínimos elementos esenciales de la dignidad humana y el desconocimiento de tal derecho conllevaría a vulnerar derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas, la salud, la integridad personal y otros derechos de igual valor", señala uno de los apartes de la sentencia.
También se le ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, (Uspec) que entregue en dos días un informe en el que explique porqué no se garantizó la alimentación de los privados de la libertad.
En el fallo se vinculó al director del Inpec, general Norberto Mújica y a la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco para que socialicen las medidas adoptadas para evitar que la población reclusa, siga sin recibir alimentos.
Además deberán exponer las condiciones en las que podría solucionarse está situación, garantizando que los internos puedan ser alimentados.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia deberá definir las medidas que se van a otorgar para proteger a los internos.
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Por último, el juez dijo que las partes deberán cumplir con las medidas de bioseguridad y entregar los reportes actuales de la situación csrcelaria.
Los documentos deberán ser autenticados ante notario. También hizo una advertencia a quienes incumplan las medidas indicando que esto "dará lugar a la imposición de la sanción por desacato. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo fijado se tendrá por ciertos los hechos manifestados por el solicitante y se entrará a resolver de plano".
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