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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos ante un juez de control de garantías en contra de tres funcionarios de la Gobernación de Arauca y un particular, por presuntas irregularidades detectadas en un contrato que tenía como objeto realizar una fiesta en el municipio de Cravo Norte, en medio de la pandemia.
Esta decisión hace parte de la estrategia de las autoridades para judicializar los hechos de corrupción que afectan los recursos públicos de las entidades territoriales, durante la actual emergencia sanitaria.
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En ese sentido, la Fiscalía General imputó cargos a los implicados por la comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Los investigados en este caso son William Arévalo Quintero, secretario de Educación de la Gobernación; Heivind Palomino Gutiérrez, ex gerente de Contratación del Departamento; Ómar Alberto Cisneros Garrido, asesor de despacho, área Cultura y Turismo actual en la Gobernación y Jhon Élver Garrido Aguilar, representante legal de la Corporación Cultural Cabalgando.
En el transcurso de este proceso, un fiscal del Grupo Técnico Especializado de COVID-19, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, estableció que los funcionarios de la Gobernación de Arauca habrían favorecido a un tercero y de manera indebida, tramitaron y adjudicaron el Contrato No. 201 del 14 de abril de 2020.
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“Al parecer establecieron requisitos exorbitantes para que únicamente la Corporación Cabalgando pudiera participar en esa licitación. El material probatorio recopilado por el ente investigador, dejaría ver que se habrían alterado valores que permitieron que se aumentara la cuantía total a contratar, es decir, generaron sobrecostos”, señaló la Fiscalía General de la Nación.
Adicionalmente, quedó en evidencia que la Gobernación celebró el contrato durante la emergencia sanitaria derivada por la propagación de la COVID 19, en contravía a las disposiciones del Gobierno Nacional y municipal de Cravo Norte, luego de que el alcalde del municipio un mes antes, había cancelado la suscripción del mismo.
Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra los cuatro imputados y suspensión de la personería jurídica para la Corporación Cultural Cabalgando.
Sin embargo, las peticiones no fueron concedidas por el juez del caso, al considerar que a pesar de existir pruebas para demostrar inferencia de la comisión del delito, no eran necesarias.
El fiscal delegado para este proceso apeló la decisión, con el fin de que un juez de segunda instancia revise la determinación.
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