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La Fiscalía formuló cargos a una servidora del Juzgado 2 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, tras señalarla de hacer parte de la red de funcionarios y particulares que defraudaron al Sistema Nacional de Pensiones.
La mujer fue acusada de ser la presunta responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer.
Según la Fiscalía, Dilia Fonseca Mejía sería parte de la red de funcionarios y particulares “que defraudaron a Colpensiones así como a entidades financieras y aseguradoras, a través de trámites irregulares para la obtención de pensiones y créditos”.
Esta captura hace parte de la denominada operación “Frenocomio”, a través de la cual el ente acusador puso al descubierto un “entramado criminal que funcionaba desde el año 2016 y que tenía por objeto declarar a personas como enfermas mentales para que lograran su pensión por invalidez, usando documentos falsos”.
Un fraude que, como lo definió el ente acusador, “podría superar los 90.000 millones de pesos, solo en Valledupar”.
Al término de la audiencia de acusación, Fonseca Mejía no aceptó los cargos mientras que el Juzgado Segundo con Función de Garantías le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención domiciliaria.
Trascendió que la Fiscalía Seccional de la Unidad de Administración Pública de Valledupar a cargo del proceso, compulsó copias ante el Tribunal Superior de Valledupar para que se investigue al titular de Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar, con el fin de determinar si es competente o no para llevar este proceso.
Cabe destacar que de acuerdo con la investigación, para cometer estos hechos la mujer tenía presuntamente como enlace dentro de la estructura delictiva a José Miguel Meléndez Vega, también judicializado en este caso.
Con Meléndez se presume lograron tramitar más de 150 acciones de tutela para beneficiar a docentes, militares y trabajadores de las empresas multinacionales explotadoras de carbón Drummond, Cerrejón y Prodeco.
Por otro lado, las autoridades recordaron que Meléndez Vega y nueve personas más fueron capturadas y judicializadas el 9 de abril último dentro de esta investigación, por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
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