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Uno de ellos, señaló el jefe de ese organismo, es la inhabilidad hasta por 20 años para celebrar contratos con el Estado. El otro mecanismo es las sanciones económicas que pueden superar los 40 millones de dólares, en caso de que se aplique la ley de soborno internacional.
El funcionario señaló además que el costo de corrupción equivale al 5% del Producto Interno Bruto global que supera los 78 mil millones de millones de dólares.
"Las normas colombianas prevén una gran cantidad de sanciones para aquellas compañía que incurran en actos de corrupción, entre otras cosas está la ley 1778 del 2016 que sanciona las conductas de soborno internacional, naturalmente las compañías respecto a las cuáles se han decretado caducidades administrativas, particularmente por motivos graves pues pueden desde luego ser inhabilitadas para realizar contratos con el Estado y desde luego hay procesos de liquidación obligatoria en aquellos casos en que las compañías cesan el pago de sus compromisos", afirmó.
De otro lado, el Superintendente reveló que "el Ejecutivo viene trabajando en una legislación para darle protección a los empleados que denuncien corrupción, pero la ausencia de tipos penales ayudan a que la corrupción se dé" .
Sin embargo, se dejó claro que a las personas vinculadas a estos casos se les debe respetar el debido proceso.
