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La Fiscalía en Cartagena declaró como crimen de lesa humanidad los hechos ocurridos el día 20 de octubre de 1998, en horas de la noche, en la que resultó muerto Jorge Luis Ortega García.
En 1990, Ortega García fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, y mientras ejercía, cuatro años después fue víctima de montajes judiciales, como una de las formas de persecución sindical. Es así como le inician una investigación penal y es privado injustamente de su libertad, “por estar presuntamente vinculado con el grupo insurgente del ELN”, explicó la defensa de su familia.
Sin embargo, en 1998, la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación a su favor y, meses después, fue amenazado y pidió garantías al Estado para proteger su vida, petición que nunca se materializó, lo que ocasionó que en la noche del 20 de octubre del mismo año fuera asesinado.
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“Su homicidio ocurrió en el marco del paro estatal indefinido realizado a inicios de octubre de 1998 como respuesta a la decisión del entonces presidente, Andrés Pastrana Arango, de congelar los salarios los trabajadores, y cuya negociación fue suspendida a raíz de su homicidio”, dice la apoderada de la familia de la víctima.
Además, “durante el paro, Jorge Ortega hacía parte del Comando Nacional del Paro Estatal de los Trabajadores y mantuvo un rol activo y protagónico en su dirección”.
Con relación a declarar este crimen de lesa humanidad, se explica que, el homicidio de Jorge Ortega hizo parte de un ataque sistemático, dirigido contra un sector de la población civil.
“Falleció como consecuencia de las heridas de arma de fuego que le produjeron una laceración cerebral”, tal como se consignó en el protocolo de necropsia y su registro civil de defunción. Que, en razón de lo anterior, el asesinato de Jorge Ortega implica la comisión de un acto inhumano que constituye un crimen de lesa humanidad”.
El homicidio de este bolivarense se presentó en la época en la que se registraron las mayores cifras de asesinatos y amenazas contra la vida e integridad de sindicalistas en el país.
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“En un contexto histórico de aumento de la represión a la protesta social, la expansión geográfica de la violencia antisindical gracias a la expansión del proyecto y política de los grupos paramilitares, la creciente presión de sectores sociales y de sindicalistas en oposición a las medidas gubernamentales del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), y de violencia antisindical bajo la modalidad de asesinatos/homicidios selectivos contra dirigentes sindicales”.
Después de 22 años que lleva la investigación, en el análisis que hoy entrega la Fiscalía dice que, “luego de un detenido análisis del material probatorio allegado, podemos afirmar que este asesinato, reúne cada una de las condiciones descritas para que sea declarado como crimen de lesa humanidad, toda vez que su homicidio fue ejecutado como consecuencia de su actividad sindical, dentro del marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
