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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia formuló una nueva imputación de cargos contra tres exfuncionarios de Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM ESP), por estar presuntamente implicados en graves irregularidades en la contratación de un tercer túnel o galería auxiliar, como parte de las obras de desviación del río Cauca dentro del mega-proyecto de Hidroituango.
Esta nueva formulación de cargos se produjo luego de que los investigadores de policía judicial de la Fiscalía lograron recolectar contundentes elementos de pruebas en relación con este caso asociado a hechos de corrupción en contratos.
Las pruebas en este proceso llevaron a vincular a este caso a Luis Javier Vélez Duque, Wilson Chinchilla Herrera y Álvaro León Ospina Montoya, quienes ocuparon diferentes cargos en EPM ESP.
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Según los fiscales delegados, estos exfuncionarios valiéndose de sus cargos participaron en el trámite y celebración de contratos para la implementación y contratación de obras para la desviación del río Cauca, por fuera de lo diseñado y licenciado.
Estas conductas detectadas por parte de los investigadores generaron sobrecostos en cuantía que a junio de 2021 superó los 339.000 millones de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Los fiscales establecieron que en desarrollo de esta megaobra se presentaron retrasos relacionados con la entrada en operación de la primera unidad generadora de energía; que se atribuye a falta de planeación en la construcción de las obras de desviación del proyecto, las cuales en el diseño inicial estaba previsto a través de dos túneles para la desviación del Río Cauca, obras a cargo del consorcio CTIFS.
“Tales retrasos, entre otras irregularidades, dieron lugar a la contratación de lo que llamaron Sistema Auxiliar de Desviación del río Cauca y sus obras anexas que comprendían la construcción de un tercer túnel o galería auxiliar, además de la terminación de otras obras que pasaron al Consorcio CCC Ituango”, señaló la Fiscalía.
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Para los investigadores esta contratación se adelantó mediante actas de modificación bilateral al contrato de obras principales del proyecto hidroeléctrico, a partir del 22 de diciembre de 2015.
