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Para la próxima semana se programaron las audiencias en la que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pretende imputarle cargos al gobernador de Santander, Didier Tavera, por posibles irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según se conoció en la primera de estas diligencias se imputarán cargos por presunta celebración indebida de contratos y por las presuntas irregularidades contractuales en el PAE.
Mientras tanto, en la segunda se pretende solicitar medida de aseguramiento en contra del mandatario departamental.
Las posibles inconsistencias que se pretenden investigar habrían sido cometidas en el año 2016, cuando se presentaron otras inconsistencias que investiga la Fiscalía General de la Nación.
La información de la imputación de cargos coincide con la orden de medida de aseguramiento para el denominado Zar del PAE en Santander, quien fue cuestionado en su momento por la venta de tamales a $30 mil, los cuales se producían en una empresa de grúas.
Se trata de Germán Trujillo Manrique, quien se encontraba recluido en la cárcel de San Gil y ahora deberá continuar pagando su pena en su vivienda de Floridablanca.
El hoy condenado, propietario de la empresa Surcolombiana, se entregó en forma voluntaria en mayo del año pasado y devolvió alrededor de $2 mil 183 millones de los $30 mil millones que correspondían al contrato.
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Sobre esta última decisión, María Juliana Acebedo, integrante del Comité Transparencia por Santander, se mostró sorprendida por el beneficio recibido por Trujillo Rangel. “Causa indignación porque se trata del alimento de los niños, porque los recursos fueron destinados para compra de bienes, un hecho de corrupción que fue probado”.
“Nos sorprende que una persona con un cargo tan grave, goce de este beneficio. Hay que recordar que esta investigación está por cerca de $30 mil millones, mientras que la empresa cuestionada tuvo contratos por más de $83 mil millones en Santander”, puntualizó.
