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Agentes del CTI de la Fiscalía con apoyo de uniformados del Ejército Nacional, capturaron a cinco personas de una misma familia, entre ellos un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que hacían parte de una red criminal que lavó millonarios activos a través de actividades de contrabando.
Estas capturas se hicieron efectivas en la ciudad de Barranquilla (Atlántico) y en desarrollo de esas diligencias, se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés, para el desarrollo de las investigaciones.
La Fiscalía reportó que los capturados en el marco de estas investigaciones son los esposos Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara.
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De acuerdo con los investigadores de la Fiscalía, los elementos de prueba indicaron que Domínguez Rodríguez, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría omitido sus labores de control aduanero, permitido el paso de mercancía de contrabando y facilitado la evasión de los filtros establecidos por la entidad.
“Producto del actuar ilegal, al parecer recibió dineros que invirtió en negocios de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla”, indicó la Fiscalía General.
También se estableció que varios de los bienes habrían sido puestos a nombre de familiares y personas de confianza, quienes actuaron como testaferros para darles apariencia de legalidad.
Según los registros de la Dian y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fue posible detectar que desde 2020 a la fecha, se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.
En atención a los hechos investigados, un fiscal especializado imputó cargos a los cinco capturados por delitos como lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.
Al ser interrogados por el juez a cargo del proceso, ninguno de los involucrados aceptó los cargos y por orden del juez de control de garantías, se ordenó su detención domiciliaria.
Asimismo, en operativos simultáneos un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó imponer el embargo sobre seis inmuebles rurales y cuatro urbanos, tres vehículos y más de 200 semovientes.
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Estas propiedades embargadas están valoradas en más de 5.700 millones de pesos y su custodia y administración quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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