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La Fiscalía General reportó en su más reciente informe técnico que desde que estalló a finales del año 2016 , el escándalo del pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht para buscar acceder a mega-obras de infraestructura en el país, ya han sido judicializadas un total de 93 personas.
En el reporte se señala que en desarrollo de las más de 90 actuaciones judiciales practicadas y ejecutadas en desarrollo de estas investigaciones, se adelantan 39 indagaciones preliminares, se han formulado 3 imputaciones de cargos, se han realizado 8 acusaciones y 5 procesos se encuentran en etapa de juicio.
Asimismo, el informe de la Fiscalía indica que se ordenó compulsar copias contra 11 personas sobre las cuales carecía de competencia ese organismo y por ello, fue necesario acudir a otras instancias como la Corte Suprema de Justicia para que adelantara las investigaciones a que haya lugar contra los congresistas, excongresistas y dirigentes políticos aforados salpicados en este caso.
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Los fiscales a cargo del caso informaron que no obstante, luego una minuciosa valoración de los diferentes procesos, se determinó en algunos de los expedientes, archivar 9 de las investigaciones penales que se iniciaron y precluir otros 7 procesos judiciales, por no encontrar méritos suficientes para continuar con los mismos.
En su reporte la Fiscalía destacó que tras la contundencia de las pruebas recolectadas por las autoridades de policía judicial y la valoración de las mismas, ante la gravedad de los hechos, los jueces han emitido sentencia condenatoria contra 11 de los implicados en este escándalo.
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Una de estas condenas fue la emitida de 11 años y siete meses de prisión contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, la cual se convirtió en la sentencia más alta en Colombia hasta la fecha por el escándalo del pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.
Melo fue hallado responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Esto por la entrega en diciembre de 2009 de 6,5 millones de dólares al entonces gerente del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Gabriel García Morales para que adjudicara el contrato de la Ruta del Sol II a un consorcio conformado por Odebrecht y Corficolombiana.
