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En una audiencia adelantada ante el Juzgado 17 Penal Municipal, con funciones de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación solicitó el emplazamiento para declarar personas ausentes a Carlos Arturo Urresty Benavidez y Carlos Andrés Urresty Isaza; padre e hijo, respectivamente, por la presunta apropiación de dineros de la administración de un hotel dado en custodia por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en Cali (Valle del Cauca).
Según la Fiscalía, Carlos Andrés Urresty Isaza es investigado por los delitos de peculado por apropiación en calidad de coautor y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Asimismo, su padre, Carlos Arturo Urresty Benavidez, es investigado por peculado por apropiación en calidad de interviniente y enriquecimiento ilícito de particulares. Contra ellos existe orden de captura vigente.
De acuerdo con la investigación adelantada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de esta ciudad, la DNE entregó la administración del Hotel Plaza Versalles mediante la resolución No. 1286 del 7 de octubre de 2009, en la cual se designó como depositario provisional a Carlos Andrés Urresty Isaza.
Al parecer, a raíz de las supuestas irregularidades, la DNE lo removió de dicha condición, con resolución No. 0631 del 7 de septiembre de 2012.
Presumiblemente los procesados se habrían apropiado de $1700 millones, correspondientes a la administración del hotel entre los años 2009 y 2011, y que pertenecían a la DNE.
Con el emplazamiento, la Fiscalía 38 Seccional de la Unidad de Administración Pública, espera que se surtan los requisitos de ley, como son la publicación de los respectivos edictos en los medios de comunicación pertinentes, de tal forma que pueda solicitar la audiencia de declaración de persona ausente para cada uno de ellos, formular cargos en su contra y solicitar la medida de aseguramiento.
Por los mismos hechos, la Fiscalía acusó a Adriana Fernanda Urresty Isaza (hermana de Carlos Andrés), por los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito de particulares.
La procesada, de 41 años de edad y quien no aceptó cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por determinación del Juzgado 33 de control de garantías.
