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La Fiscalía General General de la Nación, busca establecer si se han presentado posibles actos de corrupción en contratos relacionados con la vigilancia electrónica de los reclusos con detención domiciliaria, las obras de infraestructura y las remodelaciones en los penales y la alimentación de los reclusos.
En relación con este último aspecto, hoy se cierra el proceso de contratación para quienes aspiran a ofrecer el servicio de alimentación en las cárceles, el cual ha sido denunciado por varios de los proponentes y que están relacionadas con supuestas irregularidades en el contrato que cuesta alrededor de $500 millones de pesos y el cual no se realiza a través de licitación pública, sino que se está llevando a cabo a través de bolsa mercantil lo cual constituye una violación a la ley de contratación estatal.
El comunicado al respecto:
"La Directora General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Dra. Maria Cristina Palau Salazar, informa: Que de acuerdo a lo expresado por los medios de comunicación, el allanamiento por la Fiscalía General de la Nación y agentes de la Dijin de la Policía Nacional a la Entidad, son falsos.
Por lo cual la Uspec aclara que por posibles manipulaciones de documentación general, se interpuso el día de hoy una denuncia ante la URI de la zona, con el fin de informar lo sucedido y solicitar su debido acompañamiento por agentes del cuadrante para que se brindará asesoría sobre el paso a seguir en la custodia de los procedimientos internos de gestión documental.
La diligencia fue llevada a cabo por la Oficina de Gestión Documental, que en ningún momento compromete los procesos contractuales que se desarrollan actualmente en la entidad."
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