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La Fiscalía Segunda Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación por la denuncia por el delito de prevaricato contra los siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que determinaron formular cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato presidencial y abrir una investigación formal a su campaña de 2022, al encontrar indicios de que se violaron los topes establecidos por la ley en más de 5.000 millones de pesos.
Esta fiscalía delegada y un grupo especial de Policía tiene previsto llevar a cabo una serie de labores judiciales, entre ellas solicitar copia de la decisión que adoptó el CNE en el marco de estos hechos.
Esta denuncia recae sobre los magistrados autores de la ponencia Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, sumado al de Alfonso Campo. También, contra los otros cuatro magistrados Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el presidente del CNE César Lorduy, quienes respaldaron la investigación, pero aclarando sus votos, fueron
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Cabe señalar que los dos magistrados que salvaron su voto y que en este caso no se pide investigar son Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.
La denuncia se fundamenta en que toda investigación contra el presidente Gustavo Petro es competencia exclusiva de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, sostuvo que ese organismo garantiza que se está trabajando para adoptar las decisiones a que haya lugar en relación con la investigación penal contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña 'Petro Presidente' y los demás no aforados, por las denuncias sobre supuesta financiación irregular.
“La denuncia fue asignada a la Fiscalía Delegada ante la Corte, donde además cursan algunas investigaciones también por temas de financiación de campaña a la Presidencia de la República, entre ellas, por asignación especial, la de quien fuera gerente de la campaña del hoy presidente, doctor Gustavo Petro. El tema es que las investigaciones están avanzando, se está trabajando en ellas, que es la garantía que yo les puedo dar”, indicó la fiscal Camargo.
Cabe señalar que en la indagación previa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró inconsistencias en la información sobre el avión en el que fueron transportados el hoy presidente y su círculo cercano a distintas ciudades del país, ya que la compañía Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) no remitió los permisos de vuelo otorgados por la Aeronáutica Civil y anuló seis de las nueve facturas electrónicas que se expidieron con motivo de los viajes. Además, se detectó una posible relación con la captadora ilegal DailyCop, que habría financiado dichos vuelos.
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También se busca indagar sobre el pago a más de 60.000 personas que sirvieron como testigos electorales de la campaña del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial, que se votó el 19 de junio de 2022.
Parte del expediente también se centra en la omisión de información financiera en el aplicativo Cuentas Claras, sobre los dineros que supuestamente fueron aportados por el sindicato de maestros Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), así como una factura por concepto de publicidad.
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