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Los empresarios Leonardo Castro y Francesco Stoponi se sentaron este miércoles en el banquillo de los acusados en el proceso que se adelanta por las irregularidades en la licitación del proyecto de la Ruta del Sol III.
La Fiscalía General le imputó a Castro, quien fungió como representante de la concesionria Yuma, el delito de celebración de contratos sin requisitos legales. Mientras que Stoponi, delegado de la firma Impregilo, deberá responder por el cargo de tráfico de influencias.
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En la diligencia judicial, el fiscal del caso manifestó que para resultar beneficiados los representantes de estas empresas habría pagado millonarias comisiones para que se movieran influencias y así resultar beneficiados con los contratos.
El empresario Roberto Prieto Uribe -quien ya fue condenado a cinco años de prisión por estos hechos- habría recibido 961 millones de pesos para que moviera sus influencias.
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Los dos procesados se declararon inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía General.
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