La FM en Google News
En una audiencia masiva ante un juez ambulante con funciones de control de garantías, 36 miembros de la banda criminal de La Empresa y 20 del Clan Úsuga deberán responder por el presunto desplazamiento forzado a unas 100.000 personas durante la disputa de territorio de estos dos grupos entre los años 2012 y 2014 en Buenaventura.
La investigación realizada en Buenaventura, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, tuvo como objetivo recopilar las pruebas suficientes para vincular a esta conducta delictiva a 64 presuntos miembros de bandas criminales presentes en el puerto, 56 de los cuales se encuentran privados de la libertad por otros delitos.
Como se recordará, durante estos años se popularizó la práctica de la tortura como mecanismo de intimidación a los enemigos y a la población para el cobro de extorsiones que en muchos casos terminaban en muertes injustificadas.
Producto de esta actividad en el 2012 resultaron desplazadas 1.425 familias, en el 2013 lo fueron 3.441 y en el 2014 la cifra alcanzó los 4.186 núcleos familiares. Cabe destacar que estas personas han sido incluidas en el registro único de víctimas.
Ante este panorama y el descubrimiento de casas dispuestas para el desmembramiento y decapitación de seres humanos, el Gobierno Nacional intervino el puerto con el incremento de Fuerza Pública para hacerle frente a estos dos grupos que se disputaban el control por las rutas del narcotráfico.
El trabajo conjunto entre la Fiscalía Nacional Especializada contra el Crimen Organizado, integrantes del CTI de Buenaventura y un grupo de Policía Judicial de Cali, permitió compilar un total de 320 hallazgos en los que estarían inmersos 56 presuntos integrantes de bandas criminales.
