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La Fiscalía General de la Nación envió un grupo de investigadores para recoger material e información sobre la contingencia en Hidroituango.
Los funcionarios ya se encuentran en esa zona del Norte de Antioquia y adelantan las respectivas investigaciones para determinar si hay o no responsabilidades penales en la emergencia de la megaobra, que ha dejado a más de 25.000 personas evacuadas en los últimos cuatro meses y en donde se estiman sobrecostos de cerca de $3 billones.
En un comunicado, EPM confirmó que los investigadores llegaron hasta el proyecto y desarrollarán su trabajo hasta el próximo 21 de septiembre.
Por esa razón, la compañía antioqueña dispuso “las instalaciones del Campamento Tacuí ubicado en el Valle de Toledo – Antioquia en cercanías del proyecto”, para facilitar las investigaciones.
EPM reiteró que los funcionarios de la Fiscalía tendrán acceso a todas las fuentes y espacios que requieran para consultar sobre los frentes de la obra.
Esta intervención de los funcionarios se da luego de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunciara que se investigan unos posibles actos de corrupción en la contratación de algunas obras, que serían parte de las fallas del megaproyecto.
Según el jefe del ente investigador, habría indicios de que hubo pago de coimas para la adjudicación de algunos contratos millonarios, en los que estaría implicada la firma brasileña Camargo y Correa.
Estas investigaciones en contra de Hidroituango se suman a la multa que recientemente impuso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por $2.419 millones a raíz de los incumplimientos en permisos ambientales.
