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Durante la tercera sesión de audiencia pública que se adelantó en contra de la excontralora Sandra Morelli, el fiscal décimo de la Fiscalía General de la Nación, Carlos Mejía, acusó a Morelli por peculado por apropiación en favor de terceros a propósito de los contratos de arrendamiento de la sede de la Procuraduría General en 2012.
Asimismo, fue acusada por haber celebrado dos contratos interadministrativos de enajenación onerosa, luego de haber reubicado las dos entidades de las dependencias.
Según la Fiscalía en ambos casos se pudo identificar y cuantificar a propósito de los acuerdos a los contratos que se presentó detrimento patrimonial al erario, el cual por ningún punto de vista el se justifica “salvo por la decisión dolosa e irreflexiva de la contralora de pagar”, agregó Mejía.
Entre tanto resaltó que “En términos económicos eso genero un detrimento patrimonial al tesoro calculado parcialmente para el contrato 233 de 2012 en la suma de $4.948.098.045y para el contrato 244 de “369.149.676 en ambos casos a partir de un canon de 84.361 “,
Es importante resaltar que este detrimento patrimonial fue especificado por el fiscal quien desglosó los gastos; en 59% en muebles de oficina, 14,5% por inmuebles de adhesión, 22% por otro tipo de inmuebles, 2.5% por servicios de mantenimiento y 2% por gastos de administración.
Se espera que en los próximos días se defina la fecha para la siguiente audiencia, donde la Fiscalía continuará exponiendo sus argumentos en contra de la excontralora y la defensa de Morelli pueda explicar el por qué es inocente.
