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De igual forma, Martínez señaló que por ejemplo, más de 16 mil audiencias de imputación están represadas y de ellas 1205 incluso están programadas a más de un año. También reportó que más de 20 mil audiencias de acusación están suspendidas y cinco mil audiencias de lectura de fallo aún no se han surtido.
El jefe del ente acusador señaló que espera que este preocupante panorama tenga un cambio evidente con la entrada en vigencia a partir del mes de julio, con el nuevo procedimiento penal abreviado y acusador privado, que plantea reducir de cinco a dos las audiencias publicas contra los responsables de delitos contra la seguridad ciudadana.
Por último, agregó que con este nuevo procedimiento se realizará un uso más acorde de los recursos para evitar un derroche de los fondos, porque se pasará solamente a una audiencia concentrada y a otra de juicio oral.
