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El juez indicó que "en este caso se debe imponer una medida cautelar privativa de la libertad, que resulta plenamente aceptable por las conductas investigadas".
Añade que "por afectar derechos fundamentales de los menores, tales como la alimentación, la educación y el bienestar de los niños que deben prevalecer por sobre todas las cosas, la medida cumple con los requisitos penalmente establecidos".
Finalmente, el juez advirtió que "no es posible imponer una medida de aseguramiento domiciliaria, o conceder la libertad, en razón que se podrían afectar otros bienes tutelables por parte del alcalde desde su cargo predominante".
La Fiscalía ha imputado los delitos peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y falsedad en documento público, al indicarse que se presentaron posibles inconsistencias en el convenio 002 de 2016 con el proponente Asocar, por cerca de 5 mil millones de pesos y el cual beneficiaría a 16 mil niños en el Programa de Alimentación Escolar PAE, pero que parte de esos recursos presuntamente fueron desviados de su propósito principal.
