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La Procuraduría sancionó e inhabilitó a para ejercer cargos públicos a Ramón Navarro Pereira, y Julia Margarita Serrano Monsalvo por 12 y 6 años respectivamente por irregularidades en la suscripción de un contrato firmado con la firma española Inassa para prestar el servicio de acueducto y alcantarillado.
La Procuraduría constató que los entonces gerentes de la empresa pública Triple A permitieron que la firma española se apropiara de dineros públicos.
Es así cómo, según la investigación, se crearon contratos ficticios para dar apariencia de legalidad a los dineros que ingresaban al país por parte de Inassa.
En ese sentido, la Procuraduría ordenó que Navarro deberá pagar una multa de 33 mil millones de pesos, mientras que Serrano tendrá que pagar al Estado una multa de 2 mil 140 millones de pesos.
La Comisión que creó la Procuraduría para investigar este caso, aseguró que entre 2013 y 2017 Barranquilla "dejó de percibir un valor de 17.864 millones de pesos de los cuales, 7.240 millones corresponden a utilidades y 10.624 millones corresponden a regalías”.
La Procuraduría señaló que "por los pagos autorizados por parte de Navarro Pereira las regalías y utilidades que dejaron de percibirse fueron 17.666 millones de pesos... y por Ramón Heráclito Hemer Redondo la suma de 127 billones de pesos que corresponden al mismo concepto de utilidades".
La Procuraduría reprochó a los exgerentes haber permitido que Inassa se apropiara de los recursos del Distrito de Barranquilla.
Señala el fallo que los exgerentes autorizaron el uso de los dineros del Distrito de Barranquilla para efectuar pagos a una supuesta asistencia técnica“pese a que no existe evidencia de la prestación de los servicios objeto del contrato”.
¿De qué se trataba el contrato?
El contrato que se suscribió entre las dos empresas tenía el objetivo prestar el servicio de “asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”.
Servicios por los cuales la Triple A remuneraría a INASSA mensualmente con el 4.5% del recaudo que por concepto de servicios ingresaban al patrimonio de la sociedad, en la que el Distrito de Barranquilla tiene el 14.5% del capital social.
Sin embargo, el dinero que se uso al parecer sirvió para pagar contratos y servicios que no se necesitaban o que nunca se realizaron, según la Procuraduría
La firma del convenio tuvo lugar el 31 de marzo de 2000, por Luis Nicolella De Caro, en representación de INASSA, y Francisco Olmos Fernández, de la Triple A.
