Exgerente de proyectos de la ANI a juicio disciplinario por caso Odebrecht

El exgerente de Proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Édgar Chacón Hartmann, deberá responder disciplinariamente ante la Procuraduría General, por supuestamente haber entregado información privilegiada de esa entidad mientras laboraba en la firma asesora Presoam.

A través de un comunicado, la Procuraduría señaló que estos hechos se dieron a finales de 2015 cuando Chacón se retiro de la ANI e ingresó como gerente operativo a la firma Asesores y Consultores Presoam.

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En el documento, la Procuraduría precisó que esa conducta al parecer fue irregular porque “desconoció el plazo de dos años fijado por el Estatuto Anticorrupción (art. 3, Ley 1474 de 2001) para estos casos”.

Cabe mencionar que la firma Presoam brindaba asesorías, consultorías e interventorías en proyectos de infraestructura y al parecer fue mencionada por el fallecido testigo Jorge Enrique Pizano, como una de las firmas irregulares en el escándalo de sobornos de Odebrecht.

Según la Procuraduría, dicha firma “asesoraba en asuntos prediales a varias sociedades concesionarias de obras con la ANI, tema que estuvo bajo su responsabilidad en esa entidad pública”.

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Chacón en su calidad de gerente operativo “habría asesorado en temas relacionados con su cargo en la ANI, a las sociedades concesionarias Yuma Concesionaria S.A., Autopistas de Urabá S.A., Concesión Ruta al Mar S.A.S., Navelena Consorcio Constructor, Concesionaria San Rafael S.A., APP Gica S.A. y Concesionaria Alternativas Viales S.A.S.”.

Las investigaciones se desprenden ya que aparentemente Chacón incurrió en la prohibición de brindar asesoría en asuntos sobre los cuales tuvo previamente conocimiento, en este caso con información sobre la ANI.

“Para la Procuraduría, Chacón Hartmann habría vulnerado el principio de la moralidad en la función administrativa, ya que en su condición de exgerente de Proyectos de la ANI estaba aún obligado a respetar las leyes y no incurrir en la prohibición establecida en el Estatuto Anticorrupción”, precisó la Procuraduría.