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La Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra del exdirector del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Los hechos se remontan al 2016 cuando el Instituto firmó un convenio educativo con la Corporación Universitaria ‘Ideas’ para la educación de 22 reclusos de la cárcel La Picota, once de los cuales estaban en Justicia y Paz, entre ellos varios exjefes de las AUC, para obtener el título de abogados.
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Para la Fiscalía General, dicho convenio no contaba con el aval del Ministerio de Educación. Pese a que el entonces director del Inpec sabía que el Instituto no contaba con los permisos y había un gran vacío administrativo firmó el millonario contrato para que se impartieran las clases.
El oficial –según señaló la Fiscalía en la imputación de cargos en marzo pasado- había recibido varias comunicaciones que le prohibían la realización de este curso.
En la presentación de cargos se señaló que existía suficiente información sobre las decisiones que había tomado el Ministerio de Educación frente a este curso. “Fueron negados los permisos”, indicó el fiscal al señalar que ya en repetidas oportunidades se prohibió dictar este curso dentro de la cárcel La Picota.
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“El convenio no contó con la autorización del Ministerio de Educación, usted general Ricaurte lo sabía (…) A pesar de dicha recomendación y prohibición fueron graduados un grupo único de paramilitares, entre ellos ‘Diego Vecino’ y ‘El Águila”, precisó el fiscal en esa oportunidad.
El general –reclamó el ente investigador- avaló la ceremonia de grado de los paramilitares, omitiendo por completo las resoluciones que le advertían sobre las fallas
El delegado del ente investigador sostuvo que por medio de dos resoluciones se prohibió dictar este curso en La Picota, pese a esto las clases se dieron y se avaló el grado de los exparamilitares.
Revisando la documentación se advierte que el convenio habría sido firmado de manera directa sin que se adelanta una licitación pública, lo que va en contra de los requisitos de contratación en el país.
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El 21 de abril de 2016, Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, exjefe del bloque Montes de María; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, conocido como ‘El Águila’, excomandante del Bloque Cundinamarca; y Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, exjefe del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, recibieron el título de abogados. La ceremonia de graduación también se adelantó dentro de la cárcel y contó con la presencia del general Ricaurte.
En 2016, el entonces viceministro de Educación, Francisco Cardona aseguró que entre 2012 y 2013 se le negó a esa Corporación Universitaria dar el curso de Derecho. Sin embargo, ofrecieron las materias y exigieron el pago de 3’225.000 pesos por semestre durante ocho periodos a los reclusos. Según sus cálculos, la Corporación recibió 25 millones de pesos por cada alumno.
La Fiscalía General presentará el escrito de acusación el próximo 6 de diciembre ante el juez 38 de conocimiento de Bogotá.
