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La Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), a una pena de 5 años y 7 meses de prisión como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público por escándalo de la 'yidispolítica'.
Los hechos por los cuales Bernardo Moreno Villegas fue condenado sucedieron cuando fue director del DAPRE, cargo que ocupó entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010.
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La Corte determinó que, estando en ese cargo, influenció indebidamente en cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas allegadas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla.
"Todo esto como retribución para la entonces congresista Yidis Medina por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo n° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata", señaló la Corte.
El tribunal asegura que con esto, personas recomendadas por la representante fueron nombradas en cargos públicos en la Red de Solidaridad Social (RSS), en las Empresas de Transmisión Eléctrica S.A., el SENA, y en notarías.
En la sentencia, los magistrados de la sala señalan que, producto de un “pacto ilegal”, Bernardo Moreno influyó indebidamente para que se hicieran esos nombramientos pese a que sabía que una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos.
“Es evidente que la gestión de Moreno Villegas constituye la culminación del objetivo del entonces gobierno nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata, pues como integrante de la administración se beneficiaba con un segundo periodo presidencial como en efecto ocurrió”, concluye la providencia.
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La Corte también le impuso a Moreno una multa de 139.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días, con fundamento en las consideraciones de la sentencia.
