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Para el próximo 7 de febrero fue citado a imputación de cargos el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el proceso del contrato para la selección para el tratamiento, transformación y disposición de las basuras en el área metropolitana de la capital de Santander.
Hernández, quien renunció a su cargo el 16 de septiembre de 2019 después que la Procuraduría General lo sancionara por tres meses, es investigado por las presuntas maniobras irregulares que se habrían presentado para la adjudicación de este contrato y beneficiar a la empresa Vitalogic RSU.
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Entre las pruebas que tiene el ente investigador se encuentran una serie de comunicaciones telefónicas y conversaciones por WhatsApp en la que se ponían de presente las comisiones y cuotas de éxito entre los directivos de la empresa con su hijo, Luis Carlos Hernández Oliveros y otros dos funcionarios de la administración (Jorge Hernán Alarcón y Carlos Gutiérrez).
En la denuncia presentada en el año 2017 se señalaba que Hernández y su hijo, habían creado una estrategia para que se modificaran los pliegos de condiciones de este contrato para así favorecer en el proceso licitatorio a la empresa que se comprometiera a pagar millonarias comisiones para resultar beneficiada con este convenio para el manejo de los residuos sólidos.
Por estos mismos hechos, Hernández fue citado a juicio disciplinario por la Procuraduría General en junio de 2019 tras validar las denuncias y quejas presentadas en su contra por una persona relacionada directamente con el proceso licitatorio.
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En el pliego de cargos se citaba que el entonces mandatario bumangués había presionado al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) para que aprobara el proceso licitatorio la propuesta presentada por Vitalogic únicamente.
En diálogo con medios locales, Hernández anunció que se presentará a la diligencia judicial en el Tribunal Superior de Santander confiado en su inocencia, agregando que todo se trata de una persecución judicial por parte de la Fiscalía y la Procuraduría General.
