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Esta semana se dio la captura de varios exfuncionarios de la Universidad Autónoma del Caribe involucrados en el caso de corrupción en la institución que superaría los 16 mil millones de pesos.
Las autoridades informaron que se dio la captura de nueve personas señaladas de participar en las irregularidades que se presentaron en el manejo de recursos administrativos de la Uniautónoma, sin embargo no se logró capturar a Ramsés Vargas Lamadrid, ex rector de la institución.
Ante este operativo, Iván Cancino, defensa del exrector, anunció que la próxima semana Ramsés Vargas se entregará a la justicia en el marco de la investigación por el desvío de millonarios recursos correspondientes al pago de matrículas de los estudiantes.
El abogado aseguró a RCN Radio que la orden de captura en contra de Ramsés Vargas la considera innecesaria porque el directivo venía entregando las respectivas explicaciones ante la justicia.
Por su parte, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez advirtió que se intensificaron los operativos para capturar al exrector y además se ordenó investigar a los funcionarios responsables de filtrar las 10 órdenes de captura que fueron emitidas contra presuntos autores de este escándalo de corrupción privada, la cual facilitó la fuga del exrector.
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"Se nos hicieron advertencias sobre la presunta fuga de información por parte del centro administrativo de esa ciudad que daban cuenta de la expedición de las órdenes de captura correspondientes", explicó.
Pese a esta filtración de información judicial, los agentes de policía capturaron a los otros nueve presuntos integrantes de esta red criminal que estaría delinquiendo al interior de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla.
Los nueve detenidos son exdirectivos y exempleados de la Universidad quien deberán responder por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documentos, concierto para delinquir y estafa.
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Los casos de corrupción
Los investigadores evidenciaron que en noviembre de 2017, el entonces rector y representante legal de la universidad, Ramsés Vargas Lamadrid, reformó el estatuto 131-031 del 5 de diciembre de 2003 para implementar una medida administrativa con la cual se autorizaba el recaudo del dinero en efectivo y se les dio presuntamente una administración desleal, incumpliendo el objeto social de la institución.
"Al parecer los indiciados, que hacían parte de los órganos de Dirección de la Universidad (Sala General y Consejo Directivo), la Secretaría de Crédito y Cartera, la Vicerrectoría Financiera, Contabilidad y Tesorería, habrían llegado a un acuerdo para perpetrar una defraudación superior a 16.000 millones de pesos", agregó el Fiscal General.
