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En agosto de 2016, en el marco de una investigación por un robo registrado en la Vía Panamericana, las autoridades interceptaron una llamada en la que se mencionaba a una mujer hablando sobre conseguir información privilegiada.
La mujer le indicaba a su interlocutor que tenía el conocimiento suficiente para rastrear cualquier tipo de llamadas. Dichas afirmaciones motivaron la apertura de una investigación alterna para determinar la veracidad de dichas afirmaciones.
Con las pruebas recolectadas, se pudo establecer que trabajaba en el Ministerio de las Tecnologías, Información y las Comunicaciones. Las autoridades permitieron establecer además la participación de agentes de la Fuerza Pública en esta red encargada de conseguir información privilegiada.
También se determinó que dicha organización contaba con varias empresas "fachada" de seguridad en las ciudades de Cali y Bogotá, aunque su sede principal de operaciones estaba ubicada en el municipio de Ipiales (Nariño).
Estas pruebas fueron citadas en la audiencia de imputación adelantada en contra de cuatro exintegrantes de la Policía, así como de la exfuncionaria del MinTic por su presunta participación en las actividades ilegales adelantadas por esta red.
El ente investigador indicó que por cada acción cobraban una suma cercana a los tres millones de pesos. Entre estas acciones se encontraba desde la obtención de datos reservados de seguridad nacional hasta comprobar supuestas infidelidades. En su lista de interceptados se encontraban políticos, empresarios y periodistas.
La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a los militares en retiro Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz y Luis Mesías Quiroga Cubillos; y la exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de la Información, María Alicia Pinzón Montenegro, quienes podrían pagar más de 12 años de prisión de ser hallados culpables de esas conductas.
Estas personas serán procesadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado.En la audiencia ninguno de los detenidos aceptó los cargos.
Debido a la gravedad de los hechos y el riesgo de manipular, ocultar y eliminar pruebas, la Fiscalía le solicitó al juez de control de garantías que emita medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de los ahora imputados.
