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Para el 29 de noviembre quedó programada la audiencia en la que se conocerá el sentido del fallo en contra del expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo López por su presunta participación y responsabilidad en el denominado 'carrusel de la contratación' en la capital de la República.
La audiencia que estaba programada para este viernes tuvo que ser reprogramada debido a que el empresario tiene una incapacidad médica por el término de diez días, situación por la cual el juzgado segundo de conocimiento tuvo que fijar una nueva fecha para la diligencia.
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Jaramillo es procesado por presuntamente haber pagado millonarios sobornos para resultar beneficiado con el contrato 078 de 2010 de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) para el reparcheo y mantenimiento de vías secundarias en Bogotá.
El empresario se habría reunido en varias oportunidades con funcionarios del Distrito y concejales para fijar la entrega de millonarias sumas de dinero con el fin de "evitar el control político de las adjudicaciones de contratos".
El contrato, que en principio tenía un costo de 43.515 millones de pesos, sin embargo, tras varias adiciones presupuestales ascendió a los $65 mil millones.
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Según la Fiscalía General, mediante emisarios o de primera persona se entregaron sobornos por 700 millones de pesos a funcionarios de la Unidad De Mantenimiento Vial (UMV) para hacerse a los contratos, adquiriendo de manera irregular los convenios para reparación y mantenimiento de la malla vial.
La Fiscalía General solicitó condenar al expresidente de Conalvías por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y cohecho por dar u ofrecer (sobornos).
Jaramillo enfrenta otro proceso penal por las irregularidades que se habrían presentado en la cesión del contrato para la construcción de uno de los tramos de la Fase III de TransMilenio por calle 26.
Igualmente es procesado por un supuesto lavado de activos por el presunto desvío 13 mil millones de pesos del anticipo del contrato 138 para culminar las obras de la Fase III de la calle 26 en el occidente de Bogotá.
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“En esta imputación estamos hablando del anticipo que corresponde a 13.400.000.000 (trece mil cuatrocientos millones de pesos) que pasó por Infraestructuras Urbanas, Conalvías y luego a la Fundación Bogotá un Espacio para Amar”, sostuvo el fiscal del caso.
Agregó que los dineros púbicos fueron a parar a manos de esta fundación por concepto de servicios de transporte que no se prestaron, “a los ojos de cualquier persona se constituye lavado de activos”.
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