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El Tribunal Administrativo del Magdalena ratificó la nulidad de una sanción que le impuso la Superintendencia de Servicios Públicos a Electricaribe por no atender oportunamente una queja que presentó una usuaria.
El Tribunal dejó sin efectos la decisión al considerar que se le impidió a dicha empresa el ejercicio de la defensa.
La Superservicios le había impuesto una sanción de 14 millones de pesos a Electrocaribe por no atender un requerimiento sobre el servicio de luz de una usuaria.
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Indicó que la prueba de la notificación por aviso no cumplió con los requisitos de los servicios postales y que este tampoco fue notificado en la página web de la entidad y de ahí la indebida notificación que, según la Superservicios, configura el silencio administrativo positivo.
“La decisión de la Superintendencia de Servicios en contra de Electricaribe violó el principio de congruencia y el debido proceso, pues inicialmente sustentó la sanción porque la prueba de la notificación por aviso no cumplió exigencias de la ley de servicios postales y posteriormente lo hizo precisando que no se publicó el aviso en la página web, impidiéndole controvertir esta nueva conclusión”, señala el fallo de un juez administrativo de Santa Marta.
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Según el juez, la decisión de la Superservicios afectó el debido proceso de Electricaribe al no permitirle defenderse del cargo consistente en no publicar en la página web el aviso, por lo que el juzgado consideró que la empresa no estaba obligada a pagar la multa que se le impuso.
La Superintendencia interpuso recurso de apelación contra esta decisión, con la intención de que el Tribunal Administrativo del Magdalena dejara en firme la sanción contra Electricaribe pero este ratificó la nulidad de esa sanción.
