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El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 17 investigaciones disciplinarias en 10 departamentos del país, por la presunta existencia de una nómina paralela con fines electorales en el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.
El Ministerio Público detectó contratos de prestación de servicios que no tenían ninguna relación con la función original de la entidad. “Vamos a proceder a las suspensión de los contratos, y si es necesario, vamos a suspender a los directores regionales del Sena que se prestaron para esta nómina paralela y para esta contratación, que por supuesto obedece a un fin distinto a lo que supone el cumplimiento de la función pública”, señaló Carrillo Flórez.
El anuncio fue realizado en rueda de prensa con la presidente del Consejo Nacional Electoral, Idayris Yolima Carrillo Pérez, donde se presentaron los resultados de la vigilancia y control electoral que realizan las dos entidades en el país.
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El Procurador anunció que la entidad adelanta 88 actuaciones disciplinarias. Entre las faltas más comunes se encuentran 37 casos por indebida participación en política, 27 por violación de las normas legales, siete por comisión de delitos electorales y 17 por participación de funcionarios públicos en actividades de los movimientos políticos o utilizar su cargo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una campaña o candidato.
El jefe del Ministerio Público anunció que la entidad pidió a la ONG Fundación Internacional para los Sistemas Electorales la asignación de dos o tres técnicos expertos en seguridad cibernética, con el propósito de contar con una mejor experticia en esta materia durante las próximas jornadas electorales.
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Los expertos internacionales se incorporarían al equipo de ingenieros de sistemas de la Procuraduría “para que nos permitan hacer el monitoreo, multiplicar la vigilancia y tener cada día una lupa más grande sobre las posibilidades de fraude electrónico que se puedan presentar”, señaló Carrillo Flórez. Esta colaboración se solicita como una medida preventiva y “no porque creamos que se pueda presentar”.
El Jefe del Ministerio Público señaló que como resultado de las acciones de control realizadas, en las últimas horas se abrieron indagaciones preliminares a los alcaldes de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y Chaparral, Tolima, Humberto Buenaventura Lasso.
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En el caso de Hernández Suárez se investiga una presunta presión al electorado al solicitar a los ciudadanos abstenerse de votar por un candidato en particular, mientras el alcalde de Chaparral es señalado de una posible omisión en el control a la publicidad exterior en el municipio.
Para el Procurador “la conclusión de este informe es el severo y preocupante incumplimiento de las normas electorales por la mayoría de los partidos políticos”, y el mensaje a los funcionarios públicos de que “aquí hay rigor en el cumplimiento de la ley y que aún, como en el caso del Sena, antes del inicio de la Ley de Garantías, también era necesario cumplir con estándares mínimos de probidad, integridad y respeto del ejercicio de la función pública y no destinar la contratación pública al servicio de los intereses electorales de un grupo”.
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