En Cartagena, dinero destinado al Canal del Dique terminó en suntuosas casas y vehículos

La Fiscalía General de la Nación verificó varias alertas hechas por la Contraloría General de la República que daban cuenta de presuntas irregularidades en el manejo de recursos en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y detectó 220 contratos que habrían sido suscritos irregularmente en 2016.

De acuerdo con el material probatorio recopilado, nunca se cumplió con el objeto de los citados contratos que contemplaban obras de limpieza y mantenimiento de arroyos, caños y reservorios, y parte de los 28.000 millones de pesos destinados para la ejecución, al parecer, terminaron en manos del entonces director de la Corporación, Olaff Puello Castillo, y algunos de sus colaboradores y contratistas en la entidad.

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La evidencia obtenida por la Fiscalía en el proceso penal contra los presuntos involucrados en la millonaria defraudación, también permitió identificar 104 bienes que habrían sido adquiridos por los investigados durante el tiempo en el que ocurrió el ilícito o con los dineros que, supuestamente, estaban destinados para la ejecución de los contratos.

Ante estos indicios, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 43 bienes inmuebles, 35 vehículos y 26 sociedades que figuraban a nombre de los exfuncionarios y contratistas involucrados en los presuntos hechos de corrupción. Personal de policía judicial de la Fiscalía y de la DIJIN de la Policía Nacional realizó las diligencias de ocupación en Crespo, Bocagrande, Torices, Manga, La Castellana, Tacarigua, Ciudad Jardín, Villa Grande, Ternera, La Plazuela y otros sectores de Cartagena, y en Turbaco (Bolívar).

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Los bienes afectados están avaluados en 20.000 millones y entre ellos sobresale el inmueble en el que el exdirector de Cardique, Olaff Puello Castillo, cumple le medida de detención domiciliaria que le otorgó un juez de control de garantías. Asimismo, está una unidad residencial de 12 apartamentos en el barrio Torices, parqueaderos y las sociedades que fueron utilizadas para el desfalco.