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Ante el juez 52 de control garantías de Bogotá, la Fiscalía General le imputó cinco delitos al empresario Leo Einsenband, por su presunta participación en el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). El empresario no aceptó cargos y se declaró inocente.
En contra de Eisenband, uno de los socios fundadores de Fedco, existe el testimonio del exdepositario de la DNE, Camilo Bula quien detalló las irregularidades que se presentaron en la venta del centro comercial Villa Country en la ciudad de Barranquilla.
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Según la investigación, el establecimiento fue adquirido por 18 mil 362 millones de pesos, un precio mucho menor al establecido en el avalúo catrastral,
Bula –quien fue condenado a 18 años de prisión por estos hechos de corrupción- aseguró que el empresario compró este exclusivo inmueble a un costo mucho menor del que se había tasado, generando así una afectación en las finanzas de la Nación.
Dentro de la DNE se adelantaron una serie de falsificaciones de los avalúos, actos notariales y registros para beneficiar en la negociación al empresario, según afirmó Bula.
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En el noveno intento para imputarle cargos, el ente investigador lo señaló de haber incurrido en los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado, fraude procesal, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares
De acuerdo con el organismo, existe inferencia razonable para considerar que Eisenband tuvo relación directa con los hechos de corrupción que se registraron para la compra del centro comercial a un costo menor del que en realidad valía.
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Durante la primera etapa de la diligencia de imputación, la fiscal reveló que una de las abogadas del empresario visitó en varias oportunidad a Bula en la cárcel La Picota de Bogotá, donde le tomó declaración y se llevó las actas del principio de oportunidad, sin explicarle al procesado que era la apoderada del socio fundador de Fedco, contra quien atestiguó Bula.
La defensa de Eisenban le pidió al juez que la audiencia fuera reservada, porque supuestamente lo relacionado con el proceso, estaba siendo distorsionado por los medios de comunicación, a lo que la fiscal respondió afirmando que la información publicada sobre el caso, respondía claramente a lo que sucedía durante el proceso.
Por su parte, la Procuraduría insistió en la diligencia de carácter nacional, debía ser pública. Este martes, la Fiscalía solicitará formalmente que se le imponga la medida de aseguramiento intramural al empresario.
