La FM en Google News
La Procuraduría General de la Nación confirmó la participación del exgobernador de Córdoba Edwin Besaile en el denominado 'cartel de la hemofilia', que consistió en las irregularidades que se presentaron en el pago de medicamentos a pacientes falsos.
Aunque la Procuraduría señaló que lo suspendió por once meses para ejercer cargos públicos, aclaró que se le descontarán seis meses de suspensión, que ya ha cumplido, por lo que solo terminará pagando cinco, que serán representados en dinero.
Lo anterior quiere decir que Besaile tendrá que pagar en dinero cinco meses del salario que él devengaba para la época de los hechos y concluirá su multa.
Lea además: Registrador regional destituido porque habría favorecido terroristas internacionales
La Procuraduría confirmó además que Besaile, junto con el exsecretario de Desarrollo de la Salud José Pareja, permitió el pago de más de 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de la Sabana.
Los pagos tenían como objetivo el suministro de medicamentos no POS a 14 personas que no padecían la enfermedad, “lo que conllevó a que se incrementara injustificadamente el patrimonio de la IPS”.
Por los mismos hechos fue destituido e inhabilitado, por 13 años, Pareja, quien. según la Procuraduría, “ordenó el pago mediante la resolución 00008 del 16 de mayo de 2016, sin realizar los controles efectivos, pese a haber sido informado de las observaciones del ente de control fiscal, que evidenciaron inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles existentes en la secretaría”.
Lea también: Por la sequía, suspenden cobro de factura del acueducto en Arboletes, Antioquia
La Procuraduría dijo que eso no permitió tener certeza del servicio facturado por la IPS, “generando un grave daño social y un detrimento patrimonial al Estado”.
En la decisión, la Procuraduría absolvió al exsecretario de Hacienda de la Gobernación de Córdoba Boris Felipe Zapata Romero y a la exdirectora Financiera María Eugenia Ferreira Chaar, al encontrar que “para efectuar el pago a la IPS surtieron el procedimiento establecido consistente en verificar la existencia previa de un certificado de disponibilidad presupuestal y un acto administrativo que ordenaba el pago”.
