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El Consejo de Estado devolvió la demanda de pérdida de investidura presentada por el abogado Nixon Torres en contra del exsenador Iván Duque Márquez por presuntamente faltar de manera injustificada y constante a varios debates en el Congreso.
El magistrado William Hernández Gómez le ordenó al demandante revisar la acción judicial presentada el pasado 23 de marzo, tras considerar que no cumplía con los requisitos exigidos por el código contencioso administrativo.
(Lea: Se cayó proceso contra Álvaro Uribe por ausentismo en el Congreso)
El accionante aseguró que Duque dejó de asistir a más de seis sesiones plenarias en las que se debatieron y votaron actos legislativos relacionados con el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.
“Acusa la pérdida de investidura por la causal prevista en ordinal 2do del artículo 183 de la Constitución Política”.
Este es el que hace referencia a la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. Sin embargo, advierte el Consejo de Estado que en el desarrollo de la demanda se cambia el nombre del accionado y se cita el actuar del senador Álvaro Uribe Vélez.
“En consecuencia, se observa incongruencia, falta de claridad y precisión de los hechos invocados, en primer lugar, porque se involucra la actuación de un senador diferente al demandado en algunos de ellos. De otra parte, porque en aquellos donde se menciona al senador Duque Márquez, el actor se limita a hacer la afirmación general y abstracta de inasistencia a sesiones, sin especificar o detallar claramente a cuáles se refiere”, señala la decisión.
En este punto se considera que la falencia de estos datos afecta el estudio del presente caso, hecho por el cual se le dio un día de plazo al demandante para que corrija estas fallas invocando la causal y su debida explicación, esto con el fin que Iván Duque “tenga certeza de la conducta o los hechos que se endilgan como supuestamente reprochables, con la precisión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de tal suerte que pueda ejercer de manera plena su derecho a la defensa y se garantice así su debido proceso”.
Además se le pide que entregue las pruebas que sustentan su petición con el fin de iniciar el estudio. Entre estas se encuentran los documentos oficiales que hacen referencia a las sesiones celebradas entre el 14 de febrero al 20 de junio de 2017, en las que se votaron proyectos de ley o actos legislativos.
“Es necesario que el demandante corrija la solicitud y determine claramente: (i) las fechas de las reuniones plenarias a las que supuestamente insistió el congresista y que correspondan a un mismo período de sesiones (ii) los proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura que se votaron en dichas reuniones plenarias”.
