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La Fiscalía reportó que en dos años de investigaciones fueron descubiertos 98 procesos fraudulentos de chatarrización de tractocamiones, en los que estaría involucrada una red criminal señalada de permear distintos organismos de tránsito con el fin de obtener pagos por 6.800 millones de pesos.
Los investigadores cuentan con abundantes pruebas y testimonios y un meticuloso análisis grafológico para identificar a los presuntos integrantes de la organización vinculada al millonario engaño, y poner en evidencia el entramado criminal que se desarrollaba en 11 municipios del país.
Esta nueva información hace parte del expediente que terminó con la captura de 10 personas, entre ellas funcionarios de las secretarías de tránsito de Barbosa, Santander; Sahagún, Córdoba, Aguachica y La Paz, Cesar; y los inspectores de policía de Sabanalarga, Atlántico y Aracataca, Magdalena.
Los procesados fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público.
De acuerdo a las pruebas recolectadas, esta red delincuencial tenía su sede principal en Bucaramanga, Santander y mediante diversos contactos en las secretarías municipales de tránsito habría obtenido cupos para vehículos de transporte de carga que no existían.
Los capturados en este caso, presuntamente, convencían a personas de escasos recursos para que firmaran poderes legales como supuestos dueños de esos tractocamiones.
A su turno, los funcionarios involucrados al aparecer incorporaban la información falsa al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y, finalmente, con la ayuda de guardas de tránsito e inspectores municipales de policía, eran elaborados informes de accidentes viales.
Los fiscales establecieron que el siniestro, que nunca ocurrió, era reportado ante el Ministerio de Transporte para obtener los recursos de la chatarrización que en promedio ascendía a 70 millones de pesos por vehículo.
