La FM en Google News
En entrevista con La FM, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, confirmó que le envió una nueva carta a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU en la que reitera el llamado del gobierno colombiano para que se le garantice el debido proceso a los 18 exmilitares colombianos que se encuentran detenidos en Haití tras resultar implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise.
Confirmó que desde la Defensoría del Pueblo han sostenido reuniones con la Cancillería, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que remitieron un informe de la grave situación que viven los colombianos en la prisión de Haití a las respectivas organizaciones internacionales de derechos humanos, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Les hemos solicitado medidas cautelares. Hoy se lo hemos reiterado a la CIDH a través de una carta en búsqueda de proteger el derecho a la vida y el debido proceso a estos colombianos”, aseveró.
El funcionario del organismo encargado de velar por los derechos de los colombianos informó que también se han puesto en comunicación con la OEA, organismo internacional al que le han propuesto que se cree un tribunal especial por fuera de Colombia y de Haití para que se lleve a cabo un juicio en el que se les brinde condiciones a los militares colombianos para afrontar el proceso.
“Nos preocupa mucho, las condiciones de seguridad tanto de ellos como jurídicas no están dadas en ese país, es un proceso judicial plagado de toda serie de irregularidades”, afirmó Camargo, reiterando que también les solicitó apoyo para buscar abogados que puedan representar a los colombianos y que tengan la asistencia legal requerida.
El Defensor señaló que las cartas que se han conocido de los exmilitares colombianos, en las cuales denuncian torturas, llegaron a manos de los familiares porque fue de lo poco que lograron en la visita que hicieron hace un tiempo al centro de reclusión donde permanecen en Haití.
"En la visita que tuvimos en instalaciones de la Policía Judicial, funcionarios de la Defensoría pudieron darse cuenta que no habían tenido control judicial, no tenían abogados ni asistencia legal en los interrogatorios y las condiciones del centro de reclusión estaban por debajo de lo requerido por la ONU", comentó.
Agregó que los exmilitares colombianos están esposados día y noche, "había unos gravemente heridos, se logró que escribieran cartas a familiares donde pudimos dar cuenta de que efectivamente recibían golpes, tratos crueles, degradantes e infrahumanos, falta de agua y de alimentación y confesiones obligadas bajo tortura".
A lo que además se suma que los cuerpos sin vida de los colombianos que murieron supuestamente en el operativo por el magnicidio no han podido ser repatriados.
