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La Fiscalía General declaró como crimen de lesa humanidad el asesinato de la periodista Silvia Duzán, registrado el 26 de febrero de 1990 por grupos paramilitares.
El ente investigador determinó que este crimen se enmarca en los asesinatos sistemáticos y selectivos que adelantaron las AUC contra periodistas, activistas, defensores de Derechos Humanos.
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Duzán se encontraba realizando un documental en Cimitarra (Santander) en un trabajo en la zona donde delinquían grupos paramilitares.
En el trabajo periodístico para un canal internacional se hacía mención a la labor de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) en la región y la resistencia frente al conflicto armado.
Junto a la periodista fueron asesinados los tres líderes campesinos de la Asociación, Miguel Ángel Baraja, Saúl Castañeda y Josué Vargas. Los testigos indicaron que estaban en un restaurante con la periodista cuando hombres fuertemente armados ingresaron y, sin mediar palabra, les dispararon.
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Los líderes murieron en el acto mientras que la periodista falleció cuando era trasladada a un centro médico en Cimitarra.
En el documento firmado por un fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos se revela que el crimen de Duzán y los otros tres jornaleros atemorizó a los pobladores y afectó la libertad de prensa en Colombia.
"Así, efectuada la caracterización de los derechos en atención al contexto social y político en el que ocurrieron, a la luz de los derechos de libertad de expresión y de asociación, así como conforme al desarrollo jurisprudencial y doctrinal sobre la categoría de lesa humanidad y en consecuencia a lo expuesto respecto al principio de legalidad y la prescripción como fenómeno jurídico, observa el Despacho que para el presente caso resultas aplicables las normas nacionales e instrumentos internacionales relacionados con Derechos Humanos", señala uno de los apartes de la decisión.
El mensaje, resalta el ente investigador, era claro: querían callar la voz de los defensores de Derechos Humanos que se habían resistido al conflicto, afectando los derechos de las victimas para manifestar su opinión y sus ideas.
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Igualmente, la declaratoria da órdenes precisas para continuar con la tarea de investigación, identificar a los determinadores y autores materiales de estos asesinatos, así como verificar a qué grupo armado pertenecían.
"Es necesario avanzar en la dinámica investigativa en procura de establecer la ocurrencia de la conducta y la individualización o identificación de los sujetos que de una u otra manera participaron o tienen conocimiento de lo acaecido, pues también se hace necesario determinar el grupo que propiamente tenía injerencia en la zona o que estaba ejecutando su poderío en esas tierras y estructura jerárquica", resalta.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) aseguró que después de 20 años no se han logrado avances significativos e importantes en la investigación.
“La FLIP reconoce esta decisión como un avance en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, exige que la Fiscalía adelante la investigación bajo los estándares de debida diligencia para dar con los responsables y así impartir justicia”, precisó.
Con esta decisión el crimen de Duzán y los tres campesinos no prescribe, esto quiere decir que pese a que se cumplan los 30 años las autoridades judiciales deberán seguir investigando.
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