Decir que es un tema político es irresponsable: Contraloría sobre imputación a Fajardo

Por caso Hidroituango fueron imputados los exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos y el exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria.
Sergio Fajardo
Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia. Crédito: Colprensa

La Contraloría General de la República ordenó imputación de cargos contra 28 personas por su presunta responsabilidad en el caso Hidroituango, entre ellas los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos y el exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria.

En diálogo con La FM, el vicecontralor General de la República, Julián Ruíz, dijo que han actuado bajo la Ley y rechazó los señalamientos que apuntan a que imputar a Sergio Fajardo es una decisión de carácter político.

“Ese tipo de afirmaciones son irresponsables. La Contraloría actúa bajo lineamientos técnicos y jurídicos (…) quien venga a decir que es un tema político, debe mirar cómo se ha llevado el proceso y saber que actuamos bajo lineamientos regidos por la Constitución”, aseveró.

Recordó que este proceso arrancó por solicitud de una veeduría ciudadana, después de la catástrofe del proyecto de Hidroituango, que terminó en la emergencia que el país conoció. Se ha determinado que las fallas en la planeación y ejecución del proyecto, generaron un detrimento patrimonial de 4 billones de pesos.

Sobre los cuestionamientos frente al porqué no fue imputado el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el vicecontralor aclaró que en la investigación se determinó que las irregularidades se presentaron entre 2008 y 2015, por lo que el exmandatario no tendría responsabilidad alguna.

“Consideró que el periodo en el cual sucedieron los hechos y omisiones determinadores del daño fiscal, ocurrieron entre los años 2008 y 2015, lo que sucede en 2018 es una consecuencia de una cadena de errores que vienen casi una década atrás”, expuso.

Finalmente recalcó que han estimado que este proceso puede tardar en resolverse entre un año y medio y dos años; prescribe en cinco años y comenzó en noviembre de 2019, por lo que el fallo deberá proferirse antes de noviembre de 2024.


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