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En ese sentido, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ratificó que la justicia transicional debe ajustarse al Estatuto de Roma, lo cual exige penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos.
Hay que recordar que en un documento enviado por el procurador general Alejandro Ordóñez al organismo internacional, en enero pasado, titulado 'mínimos penales, máximos responsables', se argumentó el porqué no existen penas adecuadas, ni proporcionales a la gravedad del crimen, sino sanciones simbólicas.
Tras el espaldarazo de la CPI a los argumentos de la Procuraduría, el ente de control reiteró una vez más el llamado al Gobierno Nacional y a las Farc para que se ajusten a los estándares internacionales y no pretendan imponer en Colombia un acuerdo de intercambio de impunidades disfrazadas.
"Si no se cumple con una pena de reclusión adecuada y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos por los miembros de las Farc y por agentes estatales, los acuerdos carecerán de seguridad jurídica y no serán sostenibles", fue lo expresado por el procurador Alejandro Ordóñez en el texto 'mínimos penales, máximos responsables', enviado a la CPI.
