Corte Suprema y Procuraduría abren investigación a políticos por el cartel de la toga

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investiga a los representantes a la Cámara Argenis Velásquez y Nilton Córdoba Manyoma, por el escándalo de pago de millonarias sumas de dinero a los magistrados de la Corporación para amañar procesos en su contra.

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Esta apertura de investigación se conoce luego de que Argenis Velásquez se defendiera y reconociera que Moreno sí le pidió dinero para llevar su proceso en la Corte, pero ante las exigencias, ella se habría negado a pagar.

Córdoba tiene un proceso por supuesto lavado de dineros de la mafia mientras fungió como alcalde de Medio Baudó (Chocó) y Argenis por el saqueo a la salud en su departamento, Putumayo.

Dentro de los implicados por el exfiscal se encuentran:

Magistrados y exmagistrados: Gustavo Malo Fernández, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Camilo Ruíz.

Congresistas: Mauricio Lizcano, Musa Besaile, Nilton Córdoba Manyoma, Argenis Velásquez Ramírez, Julio Eugenio Gallardo y Álvaro Ashton.

Excongresistas: Julio Manzur, Luis Alfredo Ramos, Zulema Jattin y Martín Emilio Morales.

Exgobernadores: Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca; Sandra Paola Hurtado, de Quindio; Alejandro Lyons, de Córdoba; Lucas Segundo Gnecco, del Cesar.

Exalcaldes: Franklin Germán Chaparro, de Villavicencio y Alberto Velásquez.

Funcionarios Fiscalía: Luis Raúl Acero y Alfredo Bettin.

Exfuncionario Congreso: Héctor Gerardo Torres (asesor del senador Germán Varón).

Abogados: Luis Ignacio Lyons (abogado de Musa Besaile) y Martha Cristina Pineda (exesposa de Leonidas Bustos).

Por el mismo escándalo la Procuraduría abrió investigación disciplinaria preliminar a los exgobernadores Alejandro Lyons Muskus, de Córdoba; Juan Carlos Abadía Ocampo, de Valle del Cauca; y Sandra Paola Hurtado Palacio, de Quindío, por su presunta participación en el escándalo de corrupción.

Señala el Ministerio Público que habrían “entregado dineros con el fin de obtener como contra prestación beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra”.

La Procuraduría anunció que podrán ser escuchados en versión libre si así lo desean.