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Al comprobar que existe una amenaza real en contra del Fiscal y varios testigos, entre los que destacan los hermanos y exrastrojos Juan Manuel y Brayan Borré y el empresario Alfonso Hilsaca, la Corte Suprema de Justicia decidió que un juzgado penal de Bogotá deberá asumir la investigación en contra de los empresarios que aparentemente auspiciaron a los Rastrojos.
En la decisión puntualizó el alto tribunal que el Juzgado Penal del Circuito de Cartagena debe apartarse de este caso ante algunos hechos denunciados por la Fiscalía, como el intento de homicidio en la cárcel la Picota de Bogotá, en contra del testigo Juan Manuel Borré, a quien intentaron envenenar con comida y un plan para "posiblemente atentar" contra el Fiscal del caso y varios testigos.
Ante estos hechos, la Corte Suprema determinó que al existir una amenaza real en contra de las partes en este caso, "permiten colegir el desarrollo de maquinaciones organizadas por la estructura delictiva, orientadas a interferir con la actividad del funcionario instructor y atentar contra la vida de quienes han contribuido con la investigación y lo harán en el eventual juicio; información que no se limita a suposiciones, conjeturas o simples temores, sino que aparece ratificada en las declaraciones rendidas por fuentes humanas vinculadas con la banda de Los Rastrojos".
Agregó además el alto tribunal que "no sobra agregar que la evidencia sobre posibles actos violentos dirigidos a obstruir o entorpecer la investigación no corresponde a la situación general de influencia criminal que afecta la región por razón de la presencia de bandas delincuenciales, sino que está vinculada específicamente con el presente asunto y las actuaciones investigativas adelantadas en el caso concreto".
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