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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Antonio Hernández, prendió las alarmas ante la Corte Constitucional sobre la elección del próximo Fiscal General de la Nación.
En el marco del estudio constitucional que esta haciendo la Corte a la ley Estatutaria de Administración de Justicia, el magistrado pidió tumbar dos artículos que facilitan la llegada al puesto de Fiscal a cualquier abogado y le daría poder de decisión presupuestal.
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Uno de ellos dice que quienes deseen llegar al puesto pueden acreditar su experiencia profesional en temas como “en ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, economía, administración de empresas y administración pública”.
Para el magistrado, eso resulta “contrario a los propósitos constitucionales” y perjudicial para las decisiones jurídicas que el Fiscal General de la Nación deba tomar ya que, según él, “no ofrece confiabilidad acerca de que quien desempeñe el cargo cuente con las competencias jurídicas para desarrollarlo cabalmente”.
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Además, el magistrado advierte que, según la Constitución, el Fiscal General de la Nación “debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia”, esto es que además de ser colombiano tenga experiencia de 15 años en cargos de la Rama Judicial.
“Es claro que los nuevos requisitos de experiencia establecidos en la disposición objeto de examen desbordan el canon superior, el cual, de una parte, corresponde a la voluntad del Constituyente en el sentido de asegurar que los Magistrados de la Corte y, por supuesto, el Fiscal General de la Nación, sean conocedores de las materias jurídicas sobre las cuales adoptarán sus importantes decisiones”, se lee en el escrito que entregó el magistrado.
El magistrado también cuestiona que se incluya al Fiscal General de la Nación como miembro de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial que es un organismo que define los temas importantes y trascendentales de la judicatura como la planta de personal y su estructura.
El magistrado cuestiona que siendo un órgano penal que investiga a funcionarios tenga a su cargo la posibilidad de participar en decisiones trascendentales de presupuesto
“No hay duda de que, si la Fiscalía tiene el carácter de parte dentro del proceso penal, es contrario a la Constitución dotarla de tan singulares y poderosas facultades sobre la estructura, presupuesto, directrices y nombramientos de Auditor y Director Ejecutivo en la Rama Judicial”, se lee en el texto.
Y más adelante dice que “ello desequilibra el derecho de partes propio del sistema penal acusatorio, en cuanto se permite que una parte dentro de tal esquema, participe en la toma de decisiones administrativas importantes de la judicatura”
