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De acuerdo con el magistrado Fernández, este proyecto de Ley creará escenarios para que los aforados constitucionales puedan acudir a sus juzgadores con las garantías necesarias y con la independencia que requiere la justicia.
“La integra de esa misión a la Sala del Tribunal Superior de Bogotá no generará ningún daño estructural (…) el plazo razonable y la carga razonable para un magistrado en el país está en promedio entre 50 y 80 expedientes, eso es normal luego la asignación que le vamos a hacer al Tribunal no representa sacrificio”, afirmó el presidente de la Sala Penal.
Explicó que habría una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que sería la primera instancia y se encargará de adelantar el juicio contra congresistas, ministros, diplomáticos, gobernadores, contralores, procuradores y fiscales.
No obstante, será la Fiscalía General y sus delegados los que se encargarán de desarrollar las investigaciones y acusaciones que corresponda.
En el escenario de que desde el Tribunal haya una absolución para el aforado y la misma sea apelada, pasará a la Corte Suprema de Justicia, que ejercerá funciones de segunda instancia.
De generarse una decisión condenatoria en esta segunda instancia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se dividirá en una subsala ante el recurso de impugnación que estime el aforado en cuestión.
“No habrá proyecto más garantista que el que hoy le estamos entregando al país con el trabajo de las tres ramas y quiero advertir que no puede en Colombia existir ciudadanos que puedan ser juzgados procesados en única instancia, no pueden existir en Colombia a partir de este acto legislativo aforados constitucionales que puedan ser condenados con el criterio de una sola autoridad judicial”, señaló el magistrado Fernández.
Según el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en este proyecto, que deberá ser adelantado por trámite ordinario, es decir, en dos periodos legislativos consecutivos, establecerá a futuro las garantías procesales que fueron consignadas por la Corte Constitucional en dos sentencias.
Hay que advertir que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia si bien advierte que ejercerá la segunda instancia para los aforados, en el caso del presidente de la República y de magistrados de las altas cortes, continuará ejerciendo sus funciones, es decir, que conocerá directamente el caso y los juzgará.
