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Después de casi nueve años, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal al exsenador Eduardo Merlano por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
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En 2012, el entonces senador le reclamó a los policías que lo retuvieron en un retén que él era congresista. Con este argumento se negó a realizarse la prueba de alcoholemia.
El senador, para evitar la inmovilización de la camioneta, llamó directamente al centro de control de la Policía de Barranquilla con el fin de comunicarse con el director de la Institución, general Óscar Pérez Cárdenas, quien posteriormente les hizo un llamado de atención a los siete policías que participaron en el retén.
En ese momento, Merlano no tenía licencia de conducción y, según el reporte oficial, estaba manejando bajo los efectos del alcohol. Tras ser requerido por los policías de tránsito el senador se mostró desafiante y les pidió que le permitieran seguir su camino.
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"Yo soy senador de la República tienes que tener respeto (...) Mire colaboración, por eso llamemos al coronel de la Policía. ¿Cómo me va a tratar usted así?", le señalaba el congresista del partido de 'La U' a los policías mientras intentaba subirse a la camioneta.
El congresista barranquillero les puso de presente sus influencias en la Policía. "Yo soy senador de la República, 50 mil votos, 50 mil personas votaron por mí y ustedes me van a faltar el respeto. Se los digo de buena manera muchachos (en referencia a los agentes) o ustedes no conocen lo que es el sector público".
En una grabación de control hecha por uno de los patrulleros se evidenció cómo Merlano insistía en llamar a un general "para arreglarlo todo", al mismo tiempo que les advertía que era la primera vez que lo paraban en Barranquilla. Para el congresista, era inconcebible que el carnet de Senador "no sirviera para nada" en ese tipo de situaciones.
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Mientras el cruce de palabras, sus acompañantes llamaban "resentidos" a los patrulleros que le pedían al senador practicarse la prueba de alcoholemia y los acusaban de "no tener educación". Al final Merlano asegura que tomará acciones en su contra por lo que los amenaza de anotar el número de placa de cada uno.
Por estos hechos, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos. Igualmente, el Consejo de Estado le decretó en noviembre de 2014 la pérdida de investidura.
