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La Corte Constitucional emitió una serie de ordenes a la Unidad Nacional de Protección (UNP) encaminadas a proteger la vida de un grupo de excombatientes de las Farc que, al parecer, se encuentran en constante amenaza de muerte en el departamento de Nariño.
La UNP deberá adelantar “los trámites pertinentes para hacer la entrega efectiva de las medidas de protección que se adoptaron a favor de la comunidad de Nueva Área de Reincorporación (NAR) de Tallambí, municipio de Cumbal – Nariño”, dice la orden emitida por la Corte.
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En el auto de la decisión, la Corte Constitucional advierte que esa orden se debe cumplir de manera inmediata mientras que se toman decisiones de fondo respecto a una acción de tutela que ese grupo de excombatientes interpuso contra el Gobierno.
Esa tutela está encaminada a buscar la protección de sus derechos a la vida y la salud y se enfoca contra la Presidencia de la Republica, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
Así mismo, la Corte en el mismo auto de la decisión, ordena que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo vigilen el cumplimiento de la orden a la UNP.
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“Se oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañen el cumplimiento de la medida provisional expedida en el presente auto”, se lee en la decisión de medidas cautelares.
Esa comunidad está integrada por 128 exguerrilleros que viven en zona fronteriza con Ecuador, donde se presentan constantes disputas entre la guerrilla del ELN y el frente ‘Oliver Sinisterra’.
Allí se asentó ese grupo de excombatientes tras la firma de los acuerdos de paz en el 2016. Ellos dicen que existe una resolución de abril del año pasado que ordena brindarles vehículos blindados y escoltas, pero hasta el momento esa orden no se ha cumplido a cabalidad.
