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Esta orden fue impartida por la Corte Constitucional, debido a las afectaciones de piel y respiratorias que han sufrido cerca de dos mil personas, como consecuencia de la explotación de Níquel, actividad a la que se dedica la empresa Cerro Matoso.
Tras la entrega de resultados, el Alto Tribunal determinará si los problemas de salud, tanto de los indígenas, como de los afrodescendientes, han sido causadas por la extracción del mineral.
Alberto Rojas es el magistrado ponente de esta tutela que en su momento fue interpuesta por estas comunidades que habitan en el municipio de Montelíbano Córdoba.
