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La Corte Constitucional decidió admitir para estudio la demanda radicada por un grupo de ciudadanos contra el polémico artículo del Código de Policia que impone multas y sanciones a quienes promuevan (compren artículos) el uso del espacio público.
Por ese polémico artículo hace unos días un joven fue multado por comprar una empanada en la calle.
El caso le correspondió al magistrado Alberto Rojas Ríos, quien pidió al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional enviar su posición sobre la norma.
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Ellos tendrán diez días para emitir su concepto “indicando las razones que, en su criterio, justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas demandadas”.
Eso mismo debe hacer la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, DeJusticia, Comisión Colombiana de Juristas, la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, la Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal -UGTI.
Según los demandantes, lejos de promover la convivencia, la norma abre la puerta al uso arbitrario de la autoridad por parte de los policías y viola el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes.
“Una clara violación a derechos fundamentales, como el trabajo, igualdad de trato ante la ley, libertad y libre desarrollo de la personalidad (...) es moralmente injusta cuando afecta la actividad de los vendedores informales, privándolos de la posibilidad de ejercer su modo de trabajo, ya que es su única fuente de ingreso”, dicen.
Contra esa norma están en trámite otras dos demandas en el Alto Tribunal.
La Corte Constitucional adelanta el estudio de otra demanda contra los artículos que facultan a la policía a ingresar a las viviendas sin orden judicial cuando existan altos grados de ruido.
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