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Los magistrados del alto tribunal consideraron que dicha norma se ajusta al ordenamiento jurídico, pero sobre todo guarda conexidad con la consecución de una paz estable y duradera que fue pactada en la firma entre el Gobierno y las Farc.
Este Decreto busca, entre varias cosas, brindar nuevas alternativas para las comunidades campesinas afectadas por los cultivos ilícitos y así tengan mejores condiciones económicas en sus territorios.
Para el Gobierno “es imperativo y urgente la presencia de autoridades junto a la ciudadanía que prevén los Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS-, para contrarrestar en estos territorios, la amenaza de la ilegalidad, proteger los derechos de los ciudadanos, evitar la revictimización e iniciar cuanto antes la trasformación del territorio y las condiciones que han perpetuado el conflicto”.
La Corte Constitucional compartió los argumentos frente a la expedición de dicho Decreto y por lo tanto dio vía libre para que se apliquen las acciones por parte del Estado para este programa de sustitución de cultivos ilícitos, en territorios históricamente afectados por este tipo de procesos ilegales.
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